A pesar de los avances que ha tenido Colombia en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, aún hay un largo camino por recorrer para su plena garantía: reducción de la mortalidad materna, del embarazo adolescente, violencias basadas en género, carencia en el reconocimiento de la autonomía reproductiva, discriminación hacia las personas LGBTIQ+, entre otras problemáticas.
Bajo este contexto, Profamilia realizó un análisis sobre los avances y retos en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos en el país y formuló seis recomendaciones para el nuevo Gobierno. El documento —que será entregado al equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez— procura convertirse en una guía de trabajo para que el Estado colombiano avance de manera comprometida en la construcción e implementación de una agenda que promueva el respeto y la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas en Colombia
1. Desarrollar e implementar una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos que cuente con un enfoque diferencial y permita atender todos los factores que determinan las necesidades en salud sexual y reproductiva de las distintas poblaciones en el país.
En el 2021, terminó la vigencia de la política creada en 2014 por el Ministerio de Salud y Protección Social, que materializó la importancia de la sexualidad y la reproducción para la salud y el desarrollo del país. Frente a este panorama, es fundamental su actualización reconociendo los logros obtenidos y asumiendo los retos de cara a las problemáticas que no dan espera.
Se recomienda que esta nueva política sea expedida en el primer año de gobierno y que tenga un alcance no menor a diez años. Esta deberá contar con un plan de acción definido para su implementación, metas e indicadores, un presupuesto suficiente y obligaciones determinadas para las diferentes entidades encargadas de velar por su ejecución y cumplimiento.
2. Implementar y fortalecer la Educación Integral para la Sexualidad (EIS) en todos los establecimientos educativos del país con un currículo que permita enseñar a niños, niñas y jóvenes acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad.
En Colombia, desde 1993[1] se estableció su obligatoriedad en todos los establecimientos educativos del país. Sin embargo, casi 30 años después, sigue siendo una deuda pendiente.
La implementación sistemática de la EIS fomenta en los niños, niñas y jóvenes el desarrollo de relaciones sociales respetuosas y conscientes de su propio bienestar y el del otro, y les permite entender cuáles son sus derechos respecto a su cuerpo, identidad y sexualidad. De igual manera, al ser integral, contempla la inclusión de las familias, docentes, cuidadores y la comunidad en las dinámicas educativas para brindar herramientas que les permita proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos y evitar violencia sexual, física y psicológica.
3. Garantizar la autonomía física y los Derechos Reproductivos para todas las personas en Colombia, teniendo en cuenta que la reproducción no es la única finalidad de la sexualidad y que las personas deben contar con acceso a las condiciones necesarias para decidir libremente sobre esta. Lo anterior implica garantizar el derecho, especialmente de mujeres, personas gestantes y poblaciones en situación de vulnerabilidad, para que la determinación de procrear o abstenerse de hacerlo esté directamente alineada con su proyecto de vida, eliminando cualquier barrera que pueda impedirlo.
Para esto se requiere formar al personal de salud en Derechos Sexuales y Reproductivos, sensibilización y enfoques diferenciales de atención, así como implementar medidas legislativas y administrativas para proteger y garantizar la autodeterminación reproductiva de las personas.
4. Reducir las cifras de embarazo en niñas y adolescentes con un abordaje integral para la prevención, atención y disfrute del ciclo de vida, con un importante énfasis en eliminar los factores socioculturales que fomentan este fenómeno. Estas condiciones comprenden las normas sociales y de género, las violencias basadas en género y la violencia sexual; el limitado acceso a Educación Integral para la Sexualidad, el bajo acceso a servicios e insumos de salud sexual y reproductiva, el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas, entre otras.
Para eliminar estas condiciones estructurales es necesario garantizar el derecho a una trayectoria educativa completa y a la Educación Integral para la Sexualidad. Así mismo, es necesario fortalecer los entornos sociales, familiares, comunitarios, educativos e institucionales de niñas y adolescentes, así como ampliar los servicios de salud sexual y reproductiva diferenciada para esta población.
5. Garantizar el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres y las personas LGBTIQ+ las cuales no se limitan a feminicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, física o económica, sino que se trata de un fenómeno mucho más complejo, que comprende diversos tratos discriminatorios y violentos a nivel individual y grupal. Abordar este fenómeno implica generar cambios significativos en las instituciones y estructuras que históricamente han predominado en la sociedad y han relegado a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, a través de la normalización de manifestaciones de violencia y discriminación.
Para esto se hace necesaria la implementación de estrategias de prevención de violencia, así como el mejoramiento de los sistemas de registro y seguimiento de hechos violentos y de los sistemas de recolección y análisis de la información con enfoque de género, interseccional y territorial.
6. Reconocer y abrazar la diversidad con derechos e igualdad para las personas LGBTIQ+, por medio de la implementación de acciones y políticas integrales que promocionen cambios sociales en favor de la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, la protección de derechos y su garantía. Es fundamental formular e implementar acciones que permitan materializar el goce efectivo de los derechos para las personas LGBTIQ+ en Colombia.
El primer paso es implementar una política pública nacional LGBTIQ+ que fomente la inclusión de un enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en todos los programas, acciones y procedimientos de las entidades gubernamentales. De igual manera, es imprescindible establecer lineamientos que faciliten el acceso y la garantía del derecho a la salud en personas trans y con identidades de género diversas, y que promuevan la inserción y permanencia de personas LGBTIQ+ en el mercado laboral sin discriminación, en igualdad, sin violencia y con oportunidades.
“Invitamos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a que prioricen una agenda integral que garantice los Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas en Colombia. De igual forma, ponemos a disposición nuestro conocimiento y capacidad para construir de manera colectiva un país en el que todos podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestra identidad, con quién y cómo relacionarnos; sin barreras estructurales, discriminación, coerción ni violencia”, afirmó Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia.